Congreso Internacional de Historia
Bicentenario de la Campaña Browniana en el Rio de la Plata (1814-2014)

ESCUELA DE DEFENSA NACIONAL, 22 y 23 de octubre de 2014. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


"Aspectos legales del corso" por el Lic. Benicio Ahumada.
Departamento de Estudios Históricos Navales. Armada Argentina.

 
   
   
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Introducción

Los distintos conflictos armados sostenidos entre España y otros países europeos a fines del siglo XVIII y principios del XIX llevaron a la Corona Española a actualizar su reglamentación de corso. Si bien este reino tuvo como antecedentes reglamentarios a las leyes de Alfonso El Sabio y distintas Órdenes Reales y Ordenanzas, era de vital importancia actualizarlas a fin de abarcar a todas las situaciones posibles, contemplando la características de las naves, sus tripulaciones, presas y los tribunales que tendrían jurisdicción en las operaciones corsarias. Estos cambios dieron lugar a la “Reglamentación de Corso de 1801”, dictada en la ciudad de Cebolla el 20 de junio de 1801, que reguló la actividad corsaria española en todos los mares del mundo. Estas leyes fueron utilizadas en el Río de la Plata, tanto para los corsarios de Montevideo como los del Real Consulado de Buenos Aires.

Una década más tarde la reglamentación sirvió como base para la legislación de corso de naciones americanas al ser utilizada durante la guerra de la independencia contra España 1811/1820. La actividad corsaria de estos países, cuya base es la Reglamentación de Corso de 1801, fue de muy buenos resultados, destacándose las operaciones de los buques patentados por Buenos Aires, capital de las Provincias Unidas del Río de la Plata.  

Antecedentes del Reglamento de Corso de 1801

Los antecedentes inmediatos del Reglamento de Corso de 1801 fueron las “Ordenanzas de Corso de 1794” (Aranjuez 1794) y la Real Cédula de 1797. Estas regulaciones no diferían del reglamento de 1801 y sirvieron como base en la confección del mismo.

El espíritu puesto de manifiesto por la Corona Española era brindar a sus vasallos la protección y auxilio para obtener el armamento y habilitación de sus buques para aprovechar el valor de las presas que obtuviesen y premiar a quienes se distinguiesen en acciones particulares. La corona se comprometía a proveer socorro y subsistencia de heridos y viudas de los fallecidos en combate. Los corsarios deberían de acuerdo a lo establecido en la reglamentación, proceder bajo las reglas dictadas en la misma.

En su declaración de guerra contra Inglaterra, España hace mención a la utilización del corso durante la contienda:

  preservar sus intereses y personas del insulto de los ingleses, como para que se dediquen a incomodarlos por medio del armamento del corso y por todos los demás que permite el derecho de la guerra.” (1)

Una primera actualización fue la Cédula del 14 de junio de 1797, la misma trató de corregir aspectos referidos a las zonas de capturas de las presas ya que al no estar determinadas se producían demoras en determinar si la nave capturada era pausible de calificarla como “buena” o  “mala” presa. La solución consistió en establecer que en las costas españolas (entiéndase por todo el imperio) la distancia a determinar no estaría dada por la distancia del alcance de cañón sino por 2 millas 900 toesas. Las naves apresadas en esta zona serían juzgadas por los tribunales de los gobernadores de dicha jurisdicción. Los buques apresados en alta mar serían juzgados por el tribunal de origen del apresador, siendo justificadas por el agente del corsario y ante esas autoridades deberían dirigirse los interesados (entiéndase los dueños de la presa o del corsario) para efectuar los descargos correspondientes.

La evolución de la guerra marítima, el cambio de adversarios y los nuevos delitos que surgían, aspectos no contemplados en legislaciones anteriores, llevaron a una actualización a los códigos y leyes. Dicha actualización dio lugar a la Reglamentación de Corso de 1801. La misma cubría un mayor campo de situaciones ocurridas durante las operaciones corsarias, otorgando un marco legal más amplio a los armadores, capitanes de los buques corsarios y apresados y a los tribunales que atendían el suceso.

La justificación de las nuevas ordenanzas estaban dadas por la afirmación de que con ellas se haría frente “a los insultos de los armamentos y corsarios enemigos”  promoviéndose y fomentando el corso particular en todos los mares, auxiliando a todos los individuos que se hallaren en los dominios de la Corona Española.

De acuerdo a la experiencia adquirida durante la aplicación de las leyes y ordenanzas de corso anteriores, en 1801 se trató de contemplar todos los aspectos referidos a la actividad corsaria. Uno de los puntos tratados fue el de determinar las condiciones exigidas para armar una nave corsaria, con ello se podía inferir los recursos de los armadores para armar un buque,  era necesaria la explicación de la clase de nave a matricular, su porte, tripulación, armas y pertrechos.

Cumplimentado el trámite anterior y concedida la patente, el Comandante Militar de Marina de la zona habilitaba la nave, aportando a la tripulación un cuarto de la total declarada en el formulario elevado por el armador conformado este porcentaje por la gente de reserva disponible en el puerto a su cargo y brindándole la artillería, armas, pólvoras y pertrechos requeridos, con la condición que estos no hicieran falta para las naves de la Real Armada.

Los tripulantes de las naves armadas en corso, tanto oficiales como cabos, eran considerados como si estuvieran prestando servicios en los bajeles reales debiendo cumplir con sus obligaciones, asimismo para aquellos que sobresalieran en acciones heroicas se les concederían recompensas como privilegios de nobleza, pensiones, empleos y grados militares. Esta promesa constituyó un gran incentivo para las tripulaciones y con el tiempo el corso se transformó en una opción más ventajosa que prestar servicio en las naves de la corona.

A los fines de lograr un mayor incentivo para los particulares que deseaban armarse en corso, se decidió que además de lo que correspondía por las embarcaciones apresadas, pertrechos, artillería y carga, se brindarían diversas gratificaciones: Por cada cañón de a 12 o mayor tomado en bajel de guerra enemigo, 1200 reales de vellón; por cada prisionero hecho en los buques de guerra 200 reales de vellón. Si las embarcaciones eran corsarias, y, teniendo en cuenta la diferencia entre un navío de guerra y éstas la gratificación disminuía, por ejemplo para el primer caso se gratificaba con 900 reales de vellón y para el segundo caso la suma era 160. Por último si la nave apresada era un bajel mercante se gratificaba con 600 reales por cañón y 120 por prisionero. A este incentivo debe sumarse el aumento a una cuarta parte del valor de la captura si la nave hubiera sido apresada al abordaje o si esta tenía un mayor número de cañones que el corsario. Para evitar un mal manejo de los fondos obtenidos por el crucero al momento de repartir las ganancias se estableció que del valor total de la venta de las presas se lo dividiría en dos partes, una de 3/5 para la tripulación y guarnición y otra de 2/5 para la oficialidad del corsario. Otro aspecto contemplado fue el de los buques represados al enemigo por los corsarios. Se dispuso que ante esto se recibiría la octava parte del valor del buque si la presa pertenecía a los aliados de España y la sexta parte si ella pertenecía a corsarios particulares patentados por la autoridad española. Esta especie de "premio" otorgado a los corsarios represadores aumentaba si se trataba de un represamiento efectuado dentro de las 24 horas ya que se gratificaba con la mitad del valor de la presa, quedando la otra mitad para el dueño original de la nave.

En esta reglamentación se determinó los juzgados y autoridades que atenderían las causas atinentes a los corsarios, dándoles prioridad ante otros problemas legales, aspecto que en las reglamentaciones anteriores no estaba bien definido y provocaba demoras innecesarias para determinar la naturaleza de las presas capturadas.

El conocimiento de las presas remitidas o conducidas por los corsarios a los puertos era atendido por los Comandantes Militares de las provincias, siendo éstos asistidos por diversos asesores legales de su jurisdicción; en la anterior legislación, las presas eran remitidas a la capital del departamento de esta manera el trámite y juzgamiento estaba a cargo de la Junta establecida en dicha capital siendo asistida por el auditor de la misma, perdiéndose tiempo con la confección de los trámites pertinentes. Con la modificación de 1801 se agilizó el trámite de determinación de la presa ya que se le  otorgaba jurisdicción a la Junta de la capital del departamento obviándose el paso por la comandancia militar. Este trámite acortaba el tiempo de espera para saber si la presa era “buena” o “mala”, dando lugar a los trámites de apelación tanto de los propietarios de la misma o a los armadores del corsario a realizarlas en tiempo y forma sin demoras. Los trámites de apelación eran realizados ante el Comandante Militar o la Junta del Departamento en primera instancia y, de no llegarse a la conformidad del fallo,  las apelaciones debían ser tramitadas ante el Consejo de Guerra.

Las facultades concedidas

Las naves patentadas en corso por la Corona Española podían llevar a cabo el reconocimiento a cualquier nave, pudiendo exigir las patentes, escrituras de pertenencia, contratas de fletamiento con los diarios de navegación y roles o listas de los tripulantes y pasajeros. Si hubiera resistencia por parte de los capitanes de las naves registradas el capitán del corsario podría emplear los medios necesarios para hacer desistir de esa actitud. La reglamentación condenaba asimismo cualquier exigencia de contribución solicitada por parte de los corsarios, llegándose en algunos casos a aplicar la pena de muerte.

Si los papeles eran presentados de buena fe por parte del capitán, su nave sería liberada. Serían detenidos todos aquellos buques de fabrica enemiga o que hubiesen pertenecido a enemigos, asimismo estaban contemplados aquellos en los cuales el capitán o maestre no manifestara una escritura auténtica que probare la propiedad neutral tanto del buque como la mercancía. Aquellas naves registradas que llevaren a su bordo oficiales, mestre, sobrecargo, administrador o mercader, o tuvieran mas de la tercera parte de la tripulación de la nación enemiga eran consideradas "sospechosas" y por lo tanto trasladadas con la dotación de presa (tripulantes del corsario designados para llevar la nave capturada a puerto propio) y escoltadas a fin de realizar los trámites legales correspondientes. En el caso que a bordo de una nave neutral,  se hallaren géneros, mercancías o efectos pertenecientes al bando enemigo, sería conducida a puerto español; si su dueño no pudiera justificar los elementos hallados estos serían declarados "buena presa" pero a los demás se los liberaría al igual que la nave apresada anteriormente. Para evitar inconvenientes a los capitanes que declararan de buena fe la pertenencia de elementos enemigos la reglamentación disponía que se entregara a dichos capitanes recibos de los efectos incautados explicando la causa de su ausencia a bordo ante sus contratistas.

Serían consideradas "buena presa" aquellas naves que estuvieran navegando sin patente legítima de estado reconocido para expedir patentes; aquellas que pelearen con otra bandera y, en el caso que estas estuviesen armadas su dotación sería considerada "pirata" y juzgada por este delito. Los vasallos españoles no podían armar por su cuenta ninguna embarcación "en corso" sin la autorización real ni tampoco admitir patentes de otro estado, aunque fuese aliado. En este caso estas naves serían consideradas "buena presa" y sus tripulaciones, como se estipula en el caso anterior, declaradas "piratas". Esta consideración se estableció para evitar que aquellas naves capturadas fueran armadas en corso y capturaran otras naves sin declararlas ante los tribunales de presa o se dedicaran a la piratería. Las embarcaciones de cualquier nación (neutral o enemiga) serían consideradas "buena presa" si efectuaran defensa o agresión una vez que el corsario hubiese asegurado su bandera. Solamente cambiaría su situación si el capitán  justificaba este accionar cuando el  corsario daba motivos suficientes para resistir la agresión.

Las embarcaciones que el tribunal juzgara como "mala presa" serían restituidas a su capitán o dueño junto con sus oficiales y tripulación, devolviendo todas las pertenencias personales y la documentación de la carga y buque. Para evitar todo tipo de suspicacias respecto a la ausencia de elementos durante el lapso del juzgamiento, se confeccionaba un segundo inventario al entrar a puerto y se lo utilizaba al restituir la nave y pertenencias a los dueños. Este trámite se efectuaba para evitar posteriores reclamos por elementos faltantes.

Control a la conducta de los corsarios españoles

El Reglamento de Corso de 1801 sirvió para ejercer un control y estableció un coto disciplinario en el accionar de los corsarios españoles. Se prohibía a los mismos a hostilizar o apresar a las embarcaciones enemigas que se hallaren en los puertos neutrales, aliados  o bajo tiro del cañón de sus fortificaciones. Esto se extendía aún en los casos donde los corsarios viniesen persiguiendo a su presa y esta entrara a los puertos mencionados o en la distancia de alcance de sus cañones (medida que se utilizaba para determinar los derechos de un estado sobre su mar).

En los casos de apresamiento de una nave, los corsarios debían conservar cierta conducta tanto para la preservación de la nave y materiales apresados como con la tripulación. El comandante del corsario tenía la obligación de cuidar la información documentada de su presa, debiendo el escribano levantar una relación minuciosa de todos los bienes hallados a bordo; una vez finalizada esta tarea se entregaba al capitán o al maestre un recibo donde constaban los bienes que serían admitidos para su juzgamiento como "buena presa" por el tribunal. Si cualquier integrante del corsario, incluido su capitán, extraviara, rompiese u ocultase la relación de los elementos a enviar sería castigado corporalmente, siendo obligado el capitán a resarcir los daños ocasionados y la tripulación condenada a una pena  de 10 años de presidio o de arsenales. Para evitar la pérdida de géneros u elementos estibados en las bodegas se debían "clavar" o clausurar las escotillas de la embarcación apresada, quedando esta totalmente sellada y las lleves de las cámaras y compartimientos guardadas en un lugar seguro hasta la llegada a puerto propio o aliado. No se permitía el saqueo de géneros que se encontraran estibados en la cubierta, cámaras, camarotes o alojamientos de la tripulación. Esto explica también la prohibición de armar en corso a las naves capturadas ya que si se las armaba durante el crucero, dificilmente llegarían a destino los elementos hallados a bordo. Los "Cabos de Presa", individuos encargados de llevar a destino propio las naves capturadas, debían tomar conocimiento de la relación de elementos contenidos a bordo, siendo estos los responsables de la integridad  de documentación y elementos a bordo de la presa.

En lo que respecta al trato de los prisioneros, los corsarios debían tratarlos con humanidad y distinción según su clase y bajo ninguna razón debían dejarlos abandonados en costas o islas remotas. La no observancia de este artículo hacían a los corsarios pausibles de recibir un castigo riguroso y ejemplificador; es por ello que se debía entregar a los prisioneros a los puertos donde se dirigieran junto con una lista que detallara el paradero de aquellos que faltasen. La entrega de los prisioneros se efectuaría al gobierno de la plaza o Comandante de Marina a los fines de disponer de ellos según las órdenes en vigencia. En el caso de prisioneros considerados "´piratas" estos serían puestos bajo proceso bajo el cargo de "piratería".

Un inconveniente sufrido por los capitanes de los corsarios era la imposibilidad de conservar y enviar las presas hacia los puertos habilitados sin producir una merma en su tripulación; al enviar a al dotación de presa hacia la nave capturada disminuía el número de tripulantes del corsario, por lo tanto se veían afectadas las maniobras de velamen y servicios a bordo, asimismo se debe tener en cuenta que los prisioneros eran trasladados a bordo y se los debía tener bajo vigilancia permanente a fin de evitar el ataque de estos hacia la tripulación. El reglamento contempló estos inconvenientes y dispuso que en estos casos, se autorizaba la venta, el rescate con el dueño o maestre o la destrucción de la presa, transbordando sólo la documentación u otro s elementos de valor para el tribunal. Ante esto, el capitán del corsario estaba obligado a levantar toda la documentación perteneciente a la presa y llevar ante las autoridades 2 oficiales de la misma a fin de atestiguar y justificar su conducta.

En el caso de que el corsario hallare en alta mar a alguna nave que no estuviese tripulada, la legislación también preveía las acciones a realizar: el apresador y el capitán deberían declarar separadamente cómo se halló la nave y bajo que circunstancias. La carga de la nave debía ser inspeccionada a su llegada a puerto al igual que la documentación a fin de determinar sus dueños y  destino. Si no era posible determinar esto toda la carga sería inventariada y mantenida en depósito por un año y un día. Si en ese lapso apareciera el dueño y probara fehacientemente su propiedad se le restituiría el buque o la carga, pero debería pagar la tercera parte de su valor al recobrante; por el contrario, si el dueño no apareciera se dividirían las dos terceras partes restantes como "bienes abandonados" en tres porciones, siendo una para los capturadores y las otras dos para el fisco real. 

La Legislación de Corso de 1801 se constituyó en una herramienta eficaz para reglamentar la actividad corsaria de las naves patentadas por la Corona Española. Las patentes (debido a la política cambiante dentro del escenario europeo) sufrieron diversas modificaciones desde su puesta en vigencia, por ejemplo contra Inglaterra en un principio, contra Francia y más tarde contra las colonias americanas. En el caso del Río de la Plata las naves armadas por el Real Consulado de Buenos Aires y las particulares que operaron en esa zona tuvieron peculiar éxito. Buques ingleses, portugueses y franceses fueron presas de estos corsarios y diversas naves de los Estados Unidos (país neutral) fueron inspeccionadas. Las naves corsarias patentadas por el Real Consulado de Buenos Aires se dedicaron especialmente a combatir el contrabando de mercaderías extranjeras en el Río de la Plata, de allí la gran cantidad de presas registradas en este período; de allí que la Reglamentación de corso de 1801 tuvo un gran significado para las colonias americanas ya que durante la época anterior a las luchas por su independencia el corso se constituyó en un método de defensa del comercio colonial ante la intromisión de mercaderías extranjeras, en especial las procedentes de Inglaterra.

La reglamentación de corso de 1801, base para las leyes de corso americanas

Los hechos políticos acaecidos en el Río de la Plata provocaron el enfrentamiento entre Montevideo y Buenos Aires. Después del combate de San Nicolás en marzo de 1811, el virrey Elío agregó disposiciones locales para complementar al reglamento de corso vigente a fin de que corsarios patentados en Montevideo apresaran naves de y con destino Buenos Aires. Según algunas de las nuevas disposiciones, serían consideradas “buena presa” aquellas naves sin licencia legítima expedida por el gobernador de esa plaza o por el comandante del Apostadero de Montevideo. Con esto las naves de Buenos Aires serían apresadas por ser considerada esa plaza como “rebelde”. La utilización de la Reglamentación Española  de Corso de 1801 por parte del gobierno rioplatense como base de su propio reglamento y los resultados obtenidos, muestran la efectividad y el criterio puesto en la ley que reguló a los corsarios patentados por la corona española

Las autoridades de Buenos Aires también dictaron normas propias complementarias que fueron agregadas a la Reglamentación de 1801, adaptándolas, como en el caso de Montevideo, a las circunstancias locales. Las modificaciones efectuadas se hicieron en nombre de Fernando VII y con ellas se pudo impedir la entrada de buques (españoles y neutrales) al puerto de Montevideo durante su bloqueo.

Por su parte, a partir de la ruptura de relaciones con las autoridades de Montevideo el gobierno de Buenos Aires empleó como regulación de su actividad corsaria el reglamento antes mencionado, pero, debido a la naturaleza y las zonas donde se empleaba el corso contra las naves españolas, las autoridades rioplatenses decidieron dictar su propio código. La utilización de la Reglamentación Española  de Corso de 1801 por parte del gobierno rioplatense como base de su propio reglamento y los resultados obtenidos, muestran la efectividad y el criterio puesto en la ley que reguló a los corsarios patentados por la corona española.

Las autoridades de Buenos Aires también dictaron normas propias complementarias que fueron agregadas a la Reglamentación de 1801, adaptándolas, como en el caso de Montevideo, a las circunstancias locales. La utilización de la Reglamentación Española  de Corso de 1801 por parte del gobierno rioplatense como base de su propio reglamento y los resultados obtenidos, muestran la efectividad y el criterio puesto en la ley que reguló a los corsarios patentados por la corona española.  En los años 1815 y 1817 las Provincias Unidas dictaron sendos reglamentos provisionales tomando como normativa básica a las leyes españolas que regulaban a sus actividades corsarias desde 1810.  

Se hace necesario, a fin de mostrar el grado de influencia  que tuvo el Reglamento de Corso de 1801 en la base de los reglamentos de corso americanos, comparar algunos de los artículos de ambos códigos:

 

Reglamento de Corso de 1801:
Art. 35: Prohibo a los Corsarios que ataquen, hostilicen de manera alguna o apresen   embarcaciones enemigas que se hallaren en los puertos de Príncipes o Estados   aliados míos o neutrales, como asimismo las que estuvieran bajo el tiro de cañón de sus  fortificaciones.(2)

Reglamento Provisional de Corso del 15 de mayo de 1817 (Provincias Unidas del Río de la Plata):
Art. 31: se prohíbe a los corsarios que ataquen, hostilicen de manera alguna. O apresen las embarcaciones enemigas que se hallaren en los puertos de los Príncipes o Estados aliados o neutrales, como asimismo que estuviesen bajo el tiro de cañón de sus fortificaciones.(3)

Reglamento de Corso de 1801:
Art. 14: resultando de dicho examen no ser legítima la presa o no haber lugar para su detención, se pondrá incontinente en libertad, sin causarle el menor gasto.(4)

Reglamento Provisional de Corso del 15 de mayo de 1817 (Provincias Unidas del Río de la Plata):
Art. 19: Resultando de la sentencia de dicho Tribunal no ser legítima la presa o no haber lugar para su detención, se pondrá incontinente e libertad sin causarle el menor gasto, ni aún con respecto a los derechos de puerto.(5)

Como se puede apreciar, innegablemente el reglamento español fue la base para el reglamento de la Provincias Unidas del Río de la Plata, pero aún así el reglamento rioplatense contemplaba aspectos puntuales referidos a la lucha contra la esclavitud y el comercio español:

 

Art. 17: Los negros apresados serán remitidos a nuestros puertos, y el Gobierno pagará cincuenta pesos por cada uno de los que sean útiles para las armas”...(6)
Art.13: Los Comandantes de los corsarios destinados a destruir el comercio español, sin ser crueles con los prisioneros, incendiarán tdo buque enemigo de alta  mar, que por su  poco valor no quisiesen conducir apresado ”...(7)

El aumento de naves matriculadas en Buenos Aires y las matriculadas en Baltimore con patentes en blanco obligaron a la creación de un Tribunal de Presas que calificara y juzgara a las presas capturadas por los corsarios y la puesta en vigencia de una reglamentación que controlara a la conducta y actividades que se realizaban a lo largo de las navegaciones. Los tribunales de presa, su jurisprudencia y aspectos legales habían sido contemplados dentro del reglamento español.

A cada capitán corsario se otorgaba una patente de corso firmada por la autoridad de las Provincias Unidas que lo amparaba legalmente ante cualquier captura o apresamiento y se le otorgaban “instrucciones particulares” de acuerdo a la navegación planificada, a modo de ejemplo en el crucero de corso llevado a cabo por Guillermo Brown al Pacífico una de sus instrucciones era difundir las ideas revolucionarias de Buenos Aires a fin de encontrar apoyo en la costa del Pacífico Sur.

 

“…destruyendo su comercio, alentando y favoreciendo todo intento revolucionario y  que a la vez sirviese por lo menos para despistar a las autoridades de ultra cordillera del verdadero objetivo a que se dirigía el ejército que en Mendoza organizaba el General José de San Martín.”(8)


 
  Guillermo Brown, capitán
de la fragata "Hércules"
Fragata "Hércules" y bergantín "Santísima Trinidad"
zarpando en corso hacia el Océano Pacífico
   
 
  Capitán Hipólito Bouchard Fragata corsario "La Argentina" Patente de Corso otorgada a Hipólito Bouchard, expedida por el Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. (Departamento Estudios Históricos Navales. Archivo Echevarría).

                                 
La patente de corso tenía una duración de dos años a partir de la fecha de su expedición, este aspecto era tenido muy en cuenta por las autoridades y tribunales intervinientes, si el capitán extendía las operaciones y se excedía era considerado pirata debiendo cumplir la pena impuesta por ese cargo. A modo de ejemplo, el capitán Hipólito Bouchard, comandante de la fragata corsario La Argentina, con la cual dio un periplo alrededor del mundo combatiendo a buques españoles, fue acusado bajo el cargo de piratería por haberse pasado de tiempo que le concedía la patente de corso otorgada por las Provincias Unidas del Río de la Plata. Además de este cargo se lo acusó por mal apresamiento de buques españoles y neutrales. Bouchard fue apresado a su arribo al puerto de Valparaíso por órdenes de Lord Cochrane (almirante británico quien tenía a su mando la fuerza naval chilena) y sometido a juicio bajo los cargos antes mencionados. El proceso duró desde el mes de julio de 1819 hasta noviembre de ese año, pero tomando en cuenta la reglamentación de corso vigente, el único tribunal con jurisdicción válida era el de Buenos Aires, sede del gobierno que le había expedido la patente de corso.

Hacia 1816 los corsarios americanos ampliaron cada vez más su campo de acción, e incorporaron al puerto de Baltimore como punto de reabastecimiento y reparaciones. Con esto pudieron llevar sus acciones a lo ancho del Atlántico Norte, llegando a asolar los puertos españoles, en especial al de Cádiz. En este puerto confluía casi todo el comercio y mercaderías procedentes de las colonias americanas y filipinas, de allí el interés de los americanos de hostilizar a este puerto español.

Ante los crecientes perjuicios ocasionados por los insurgentes el Rey dictó un decreto con fecha 8 de febrero de 1816 en donde llamó a aplicar el corso para detener a sus enemigos, perjudicar su comercio y capturar información acerca del estado de los países insurgentes.

 

"… y siendo uno de ellos el más eficaz y acostumbrado en semejantes circunstancias el armamento particular de fuerzas navales que hagan el corso y se opongan legítimamente en vigor y esfuerzo á esta violencia y usurpaciones, es mi real voluntad conceder á todos mis vasallos de unos y otros dominios la facultad  y arbitrios de armar para si los buques que quieran y hacer con ellos la guerra a aquellos  rebeldes…"(9)

La situación se había tornado caótica para el comercio español y por ello el monarca apeló al dictado de este decreto, brindando en él beneficios novedosos a los armadores para que el corso fuese más atractivo: adquisición por todos los armadores de todo el cargamento, efectos y demás que contengan los buques apresados con ellos mismos, libertad de todo gravamen y derechos en los géneros y efectos aunque fueran extranjeros, con respecto a las tripulaciones se dio a los armadores cierta libertad para armar a la nave con la gente que más le conviniere. Se permitió conservar la artillería otorgada por los arsenales reales hasta su desarme y la Corona repondría la pólvora consumida en combates hasta dos terceras partes. A los fines de acelerar las sentencias de los juicios que determinarían la naturaleza de las presas ("buena" o "mala") y responsabilidades se estableció que se debía dar cuenta en cada caso a las secretarías del Despacho de Hacienda. Con estas nuevas medidas se trató de captar la atención de un gran número de armadores, pero de acuerdo a lo expresado al principio de este trabajo, fue imposible llegar al número de barcos patentados por los americanos ni se alcanzó la cantidad e  importancia de las presas capturadas por los insurgentes.

Distintos armadores y dueños de buques mercantes españoles solicitaron que las disposiciones de corso se hicieran extensivas a buques de Corso y Mercancías (buques mercantes) a fin de obtener el armamento necesario en los arsenales reales al igual que los buques de guerra patentados como Corsarios. Ante las peticiones efectuadas el Rey de España dictó el 3 de setiembre de 1816 disposiciones tendientes a corregir y completar su decreto del 8 de febrero de ese año; con estas se aumentaría el número de buques legalizados para efectuar el corso contra los insurgentes americanos y tendrían los mercantes el armamento necesario para hacer frente a una agresión. Se ordenaba la entrega de armamento a los armadores de ¨ Corso y  Mercancía a los precios corrientes ya que estos contaban con escaso armamento y casi siempre sin contar con un calibre unificado quedando en clara desventaja frente a sus atacantes, asimismo, y teniendo en cuenta la aparición de eventuales motines a bordo de los referidos buques junto con el reparto de las ganancias, se estableció el límite de marineros extranjeros a bordo:  

 

"…si se permitiese tripular las embarcaciones de solo corso o las de "Corso y Mercancía" con marineros extranjeros, ó con parte excesiva de ellos, solo tendrían tales buques el nombre de la aparente propiedad de españoles, y la utilidad fuera toda de los extranjeros…”(10)

Se estableció que los buques armados en corso solamente atacaban a buques mercantes enemigos o requisaban mercaderías a bordo de neutrales, evitando trabarse en combate con sus similares americanos por las pérdidas que se sufrirían en caso de generarse esta situación y por la ínfima carga de valor que tendrían a bordo: el escaso botín no justificaba las pérdidas humanas y materiales.

En el Departamento de Estudios Históricos Navales, en su archivo documental “Archivo España”, carpeta “Corsarios” es posible leer copias de procesos judiciales de un Tribunal de Presas español. En las mismas se puede advertir la aplicación de las formas  legales del proceso. A modo de ejemplo, puede verse el proceso seguido contra la nave Lady Warren, buque al mando de Guillermo Williams que fue avistado y capturado por el corsario místico español Santo Cristo, alias El Feroz que se encontraba bajo el comando del Capitán José Baeza.

Detenido el buque, abordado y revisado por la dotación de presa se comprobó que tenía en su bodega un cargamento de cueros proveniente de Buenos Aires perteneciente a Tomás de Lezica y a Juan Facundo de Salas, como agravante se encontró correspondencia de insurgentes de Buenos Aires dirigida a ciudadanos residentes en Gibraltar.

De acuerdo a la reglamentación vigente la presa fue remitida a Cádiz para seguir con los trámites judiciales tendientes a determinar si el cargamento hallado a bordo del Lady Warren era pausible de ser confiscado o no; si luego del referido proceso se determinaba que se podía incautar los beneficios se repartirían entre el armador y la tripulación. Durante el transcurso del proceso se presentó un pedido de sobreseimiento por parte de Tomás Antonio Lezica en los cargos que se le seguían por la mercadería y por la correspondencia capturada. Las distintas instancias y diferencias surgidas entre el Tribunal de Marina de Cádiz para determinar la legitimidad del apresamiento y la jurisdicción de la  Sala de Justicia hicieron que el proceso se extendiera en el tiempo y finalmente fuera declarada libre la carga de cueros. Este tipo de medidas causaba un perjuicio a los armadores de los buques corsarios ya que se perdía el beneficio y si el tribunal determinaba que el barco apresado era " mala presa "  se debía indemnizar a los perjudicados, tal como lo establece el art. 22 del Reglamento de Corso de 1801:

 

"…serán condenados los Corsarios que causaren la detención a la paga de estadías y de todos los daños, perjuicios y costas causadas a la embarcación detenida...”(11)

Debido al perjuicio que le significaba la libertad del cargamento de los insurgentes el capitán y armador de El Feroz, José Baeza, realizó un reclamo contra la resolución del Tribunal, pero debido tiempo transcurrido los reclamos efectuados fueron inútiles.

La modalidad del corso, heredada de la ley española, se convirtió en la herramienta ideal para aquellas naciones que no poseían grandes escuadras para llevar a cabo ataques que afectaran de sobremanera al comercio español hasta su derogación en el año 1821.

Finalizada la guerra de la independencia el gobierno de las Provincias Unidas decidió derogar el corso, pero se lo volvió a retomar en la guerra contra el Imperio del Brasil debido a las ganancias obtenidas por los corsarios rioplatenses y la desigualdad de naves que tenia nuestro país ante la marina regular del Brasil.

Conclusión

La evolución náutica, de la guerra en el mar y las nuevas pautas de comercio marítimo llevaron a que la Corona Española actualizara su reglamentación de corso. La misma se vio reflejada en el Reglamento de Corso de 1801 (compilación de leyes anteriores) y en él se contemplaron además nuevos aspectos que no habían tratado en sus predecesores: conducta de los capitanes y tripulación, tratamiento de las presas, jurisdicción de los tribunales que tendrían a su cargo el juzgamiento de las presas, etc.

En vista de los resultados obtenidos por los corsarios españoles contra naves enemigas, este reglamento fue utilizado con singular éxito por las nuevas naciones americanas en su guerra contra España. Estos reglamentos de corso americanos, salvo algunas enmiendas, eran básicamente una copia de la Reglamentación de Corso de 1801 y se convirtieron en la herramienta ideal para aquellas naciones que no poseían grandes escuadras para llevar a cabo ataques que afectaron de sobremanera al comercio español hasta su derogación por decreto del gobierno de las Provincias Unidas en el año 1821.